La Fundación del Instituto de Empresa (IE) declaró en un documento que fue enviado a la Comisión de Investigación acerca de los contratos en los que se designó a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, como directora de la filial Africa Center.
Este contrato firmado como un acuerdo indefinido, se incluyeron cláusulas en las que se blindaba la incidencia de ilegalidades o conflictos de intereses.
En este documento, al cual tuvo acceso el medio El Confidencial, esta relación laboral estuvo vigente entre el 1 de agosto de 2018 al 27 de mayo de 2022, después de que Begoña Gómez optará por abandonar el organismo para enfocarse en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, en la que ahora investiga el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid.
El IE no ha accedido a proporcionar información sobre el salario de la esposa del mandatario español.
«Dado que se trata de un documento con información personal de un particular, por razones de privacidad y protección de datos personales entendemos que su aportación no está amparada y no estamos autorizados a compartirlo», señaló la organización en un comunicado.
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Begoña Gómez comparecerá por sus acusaciones
Aunado a ello, el Instituto de Empresa añadió información al contrato de Begoña, donde se incluye que, por recomendación de los asesores de compliance, de deja por escrito «el compromiso de no utilizar de manera irregular o ilícita contactos generados por sus relaciones familiares en beneficio de la Fundación Instituto de Empresa«.
Esto cobra relevancia una vez que se identificó que Gómez formó parte de la plantilla de la fundación dos meses después de que Sánchez llegara a Moncloa.
Begoña Gómez fue citada el viernes para declarar acerca de la investigación que fue puesta en su contra por los delitos de tráfico de influencias y corrupción.
Adicional, la Universidad Complutense envió una petición al juez Juan Carlos Peinado para que pueda personarse como afectada en otro posible delito de apropiación indebida. La institución educativa señala que la acusada registró a su nombre un software que Google, Telefónica e Indra desarrollaron de manera gratuita para la Complutense, con financiamiento de Deloitte.
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